
El Gobierno vasco ha aprobado un proyecto de Ley de Reconocimiento de las Personas Transexuales en el que se incluyen diversas medidas genéricas en torno al ámbito laboral, así como medidas más concretas en materia sanitaria o de cambio registral de la mención de sexo en documentos oficiales. Con un comienzo en el que abundan las apelaciones a la diversidad de vivencias del género, el texto legal sólo atribuye derechos a las personas transexuales, mientras que no aparece ninguna mención a la problemática o necesidades del colectivo de personas transgénero.
Entre las medidas laborales sólo aparece el compromiso “de no discriminar por motivos de identidad de género”, así como el compromiso no detallado de “aplicar medidas de acción positiva para favorecer el empleo de las personas transexuales”.
El elemento central del proyecto de ley se sitúa en la documentación transitoria que la administración vasca otorgaría a aquellas personas transexuales que manifiesten una “disonancia estable y persistente entre el sexo biológico y la identidad de género sentida como propia durante al menos seis meses”. Con esta documentación provisional se pretende “evitar situaciones que puedan dar lugar a sufrimiento o discriminación” por parte de este colectivo, aunque sólo sería válido en situaciones en las que no sea necesario presentar el DNI, como algunos pagos en bancos o listas públicas de alumnos.
A pesar de que la consejera de asuntos sociales, Gemma Zabaleta, ha pretendido calificar la ley como “un paso más hacia su no consideración como enfermas”, las personas trans vascas tendrán que seguir sometiéndose al protocolo establecido por la Ley de Identidad de Género, aprobada también por el PSOE, y en la que se encuentra la obligatoriedad de contar con un certificado de disforia de género. Este certificado ha sido duramente criticado por colectivos trans no oficialistas ya que considera las identidades trans como enfermedades mentales.
Asimismo, estos mismos colectivos califican como “incoherente” que el proyecto de ley vasca desee que “la persona transexual participe en la formulación de los tratamientos que le afecten” cuando es obligatorio un plazo de hormonación mínimo de dos años. Hay que recordar que en 2007 el PNV presentó una propuesta de eliminación de este requisito que fue rechazada por el PSOE y colectivos oficialistas como la Federación Estatal FELGTB.
Aunque el término “despatologización” aparece abundantemente en la exposición de motivos del proyecto de ley, diversas activistas de la Red Internacional por la Despatologización Trans han denunciado que “el proceso sigue siendo patologizador” y que han sido “completamente excluidas” de la redacción del texto. Por su parte, Mar Cambrollé, coordinadora del área de Transexualidad de la FELGTB anima al resto de administraciones autonómicas a que “sigan el ejemplo del Gobierno vasco en la lucha contra la transfobia”.