Foto: Juan Carlos Rojas

Mientras se esperan los celebrados brotes verdes de la economía mundial, anunciados como el principio del fin de la crisis económica, el Gobierno ha concretado su propuesta de reforma laboral a través de un documento, presentado el 12 de abril y enfocado en el “diálogo social sobre actuaciones en el mercado de trabajo”. Un lenguaje que envuelve en terminología técnica una serie de recortes de derechos bajo la excusa de otorgar al mercado laboral una mayor competitividad.

De nuevo las organizaciones ultraliberales, principales causantes de la crisis global, son las que toman las riendas de la política económica para insistir una vez más en la necesidad de abaratar el despido como medida estrella del nuevo panorama laboral. En los últimos meses, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España o la patronal CEOE han insistido en el concepto de “flexiseguridad” para exigir a los gobiernos decisiones que faciliten a las grandes empresas la salida de la crisis.

El ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero insiste en la necesidad de reformar el mercado de trabajo. Una posibilidad que antes negaba tajantemente por el miedo al coste electoral de aprobar unas medidas generalmente impopulares. Entre éstas se encuentra una adaptación del llamado “modelo austriaco”, en el que las empresas retienen hasta un 1,5% del sueldo de sus empleados para guardarlo en un fondo del que podría retirarse ese dinero en caso de despido o cambio de empresa.

En la propuesta del ejecutivo socialista lo que se postula es que el Fondo de Garantía Salarial se haga cargo del 40% de los costes por despido en los nuevos contratos de fomento del empleo indefinido que pretenden crearse. Unos contratos en los que la indemnización por despido se reduce de los 45 días por año trabajado actuales a tan sólo 33 días.

Asimismo, la reforma plantea una mayor intermediación de las empresas de trabajo temporal en el mercado de trabajo, ampliando su capacidad operativa y su capacidad de acceso a sectores que hasta ahora tenían vetados, como por ejemplo, la construcción, las administraciones públicas o el servicio público de empleo, a través de las agencias privadas de colocación, lo que podría traducirse en una privatización encubierta del actual INEM.

“Aberraciones laborales”
Atendiendo a la “flexiseguridad”, Gobierno y CEOE dan cada vez más importancia a la flexibilidad frente a la seguridad, mientras que desde las centrales sindicales y las diferentes organizaciones sociales se percibe un retroceso en los derechos fundamentales a la par que se da entrada a la iniciativa privada en sectores hasta ahora de exclusivo control público, como la contratación en la Administración. Para el sindicato CGT, en la propuesta del Gobierno no hay “una sola medida que piense en los derechos de los trabajadores” y sí “una serie de aberraciones laborales que sólo contemplan el beneficio de las empresas y el recorte de derechos”.

La patronal CEOE, que en los últimos meses ha ido desgranando una serie de propuestas duramente criticadas en un intento de llevar las riendas del diálogo social, en un principio valoró positivamente la propuesta del ejecutivo, pese a que posteriormente se retractó, contrariamente a la opinión de los sindicatos de concertación, CC OO y UGT, que hablan de un intento de precarizar el mercado de trabajo, aunque prevén que a principios de mayo se llegará a un acuerdo “que para algunas cosas ya llega tarde”, según declaró Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones.

Como apunta José María Zufiaur, perteneciente al Consejo Científico de Attac España en un artículo publicado en la web de la organización, la nueva reforma supone “un nuevo paso en la desregulación que se ha ido acumulando tras las sucesivas reformas que se han realizado desde 1980”, las cuales nos habrían llevado ahora hasta una “regulación desregulada. O, mejor, una regulación desactivada”.

Para “darle un impulso a la contratación” se abarata el despido y se crea un nuevo contrato de formación para reducir el desempleo juvenil, que se traduce en la práctica en una institucionalización de la figura del becario. Está previsto que la edad máxima de este tipo de contratos se amplíe hasta los 24 años, con un sueldo equivalente al mínimo interprofesional y esquivando las cotizaciones a la Seguridad Social.

Se evidencia que el Gobierno de Zapatero sigue forzando a los representantes sindicales a aceptar los presupuestos que la CEOE, la UE y otros organismos han puesto sobre la mesa al calor de la debacle económica. Por su parte, las declaraciones de la patronal apelan al mito de la creación de empleo sin importar las condiciones de éste y ha aumentado sus exigencias hasta límites que ponen en peligro esa pax romana con los sindicatos que hasta ahora parecía inextinguible.