© Cyril Fakiri \ Contexte.org

Setecientos “roms ou gens du voyage” [roms o gente de viaje] como se les denomina, van a ser expulsados de Francia. Sus campamentos serán destruidos y la vuelta (obligada) a sus países de origen es inminente. Así lo anunció este verano el presidente francés, Nicolas Sarkozy, tras los disturbios por la muerte a manos de la policía de un joven gitano. El 16 de julio moría Luigi Duquenet, un rom francés de 22 años. La gendarmería disparó contra él porque se saltó un control de carretera. Fue alcanzado y abatido a tiros en el departamento de Loire-et-Cher, en el centro de Francia.

Su asesinato provocó la reacción de la comunidad gitana que se manifestó en el pueblo de Saint-Aignan, a 10 kilómetros de donde fue encontrado, ya sin vida, Duquenet. Cincuenta personas intentaron tomar la gendarmería de la localidad, cortaron árboles, prendieron fuego a varios coches, rompieron semáforos y “robaron los croissants de una panadería”, según los medios franceses.

La excusa de los disturbios
Con el pretexto de los enfrentamientos, Sarkozy convocó el 28 de julio una reunión de urgencia con un único punto en el orden del día: los roms. Tras el encuentro con varios de sus ministros, el presidente anunció mano dura: la expulsión de un total de 700 gitanos, el desmantelamiento de los campamentos y un programa de cooperación policial con Rumanía y Bulgaria, de donde proceden la mayoría de los roms que viven en Francia.

Pero la muerte del joven Luigi a manos de la policía francesa no ha sido la única que se ha producido este verano. Un día antes, en el barrio de La Villeneuve, en Grenoble, Karim Boudouda, de origen árabe, también fue abatido a tiros por los gendarmes cuando era perseguido por éstos, supuestamente, por haber robado 20.000 euros en un casino. El Gobierno reaccionó entonces con el envío de tres unidades de élite de la policía a la manifestación convocada por el asesinato de Boudouda, el domingo 18 julio.

Un discurso xenófobo
Días después, Sarkozy se presentó en Grenoble para hacer una demostración de firmeza. En una alocución pública anunció que retiraría la nacionalidad francesa a franceses “de origen extranjero” que hayan cometido “delitos graves”. En ese discurso, vinculó también la inmigración y la criminalidad, e incluso se manifestó escandalizado por los “derechos sociales” que poseen los extranjeros sin papeles. Además, achacó la situación actual a “50 años de inmigración incontrolada”.

Pero todo esto también forma parte de una estrategia de distracción del Gobierno, que ha querido centrar sobre los gitanos la atención de los medios de comunicación con el anuncio de su política de “mano dura”. El ejecutivo francés se encuentra implicado en el grave escándalo de corrupción Woerth-Bettencourt.

Esto se une a un bajo nivel de popularidad debido a sus pésimos resultados en política económica y social. Sarkozy trata de ganarse los favores de los electores del Frente Nacional. El escándalo por la implicación de la mujer del ministro de Trabajo, Eric Woerth (antes de Presupuesto y Cuentas Públicas), en el fraude fiscal de Eliane Bettencourt, la mayor fortuna francesa, y las influencias del ministro para que la heredera contratase a su mujer a cambio de hacer, supuestamente, la vista gorda ante las evasiones de capital de la millonaria, sacude a Sarkozy.

Críticas a las deportaciones
Sin embargo, la reacción de la sociedad y de la comunidad internacional ante las deportaciones de gitanos no ha beneficiado al mandatario francés. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha declarado su preocupación por los hechos. También los obispos franceses y el Papa, han hecho un llamamiento contra esta política y solicitan que se acoja a estas personas. Las expulsiones han sido criticadas hasta en el entorno de la derecha francesa: el ex primer ministro liberal, Jean-Pierre Raffarin, criticó la “deriva derechista” de Nicolas Sarkozy, mientras que el ex primer ministro, Dominique de Villepin, denominó la política de expulsiones de “culpa moral” y de generar “una mancha sobre nuestra bandera”.

Desde que Rumanía y Bulgaria entraron en la Unión Europea en 2007, los roms, a pesar de ser ciudadanos europeos con derecho a la libre circulación, sufren fuertes restricciones en el país galo, que también les impide acceder a un trabajo. Francia impuso una moratoria hasta el año 2012 (ampliable a 2014) a rumanos y búlgaros, por la que a partir de los tres meses de residencia en el país, tienen que tener un empleo, probar que tienen recursos suficientes para subsistir o cursar estudios en este país para no ser considerados irregulares. Según cifras oficiales, entre 10.000 y 15.000 gitanos residen en la actualidad en Francia. En Francia hay 500.000 gitanos de nacionalidad francesa.

Las expulsiones no son nuevas
Desde 2002 el Gobierno francés ha destruido campamentos de gitanos, sobre todo rumanos y búlgaros, y posteriormente los ha expulsado. En la actualidad, los roms representan un tercio de las expulsiones: son 9.875 de los 29.288 extranjeros deportados de Francia en 2009. Una política que permite, en teoría, la vuelta posterior, pero entre las persecuciones policiales, las expulsiones y los desalojos se impide la integración de los gitanos, el acceso a la salud o la continuidad en la escolaridad de los niños. Así, el Gobierno francés usa los roms como ‘carne de estadísticas’ para lograr sus objetivos. Estas expulsiones las denomina como “reconducciones a la frontera”. Además, desde el Gobierno se usa la retórica para estigmatizar a los roms, en particular, y a los pobres en general y así desviar la atención de otros asuntos.