Los despidos en el sector lastran los programas de educación y sensibilización medioambiental. Desde 2010, la Comunidad de Madrid ha reducido en 51 millones el presupuesto del Área de Medio Ambiente.
Entrevista a un representante de la asamblea de educadores ambientales en la web Madrilonia
La cuenta de gastos del Área de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para el año que entra incluye una reducción de dos millones con respecto a 2011 y de 49 si se toma como referencia 2010. El plan de la Comunidad prioriza la llamada transferencia tecnológica y la innovación, destinadas al “medioambiente como nicho de mercado”, como se explica en el desglose del texto. No hay referencias a los programas de sensibilización en un plan que, según la oposición, mermará también las políticas de protección ambiental, así como la agricultura y la ganadería en este territorio.
Con los presupuestos aprobados, a lo largo de enero saldrán a concurso los nuevos contratos de gestión de los centros que el Gobierno de Aguirre adjudicará a través de la empresa pública Gedesma. Los recortes afectarán a los centros deSan Lorenzo del Escorial, Rivas Vaciamadrid, Chapinería, Manzanares el Real, Leganés, Cercedilla, Fuenlabrada, San Fernando de Henares, Garganta de los Montes, Montejo de la Sierra y Rascafría.
“Hasta ahora los criterios educativos y técnicos contaban un 70% en las subasta, pero ahora se prioriza la oferta económica”, explica a este periódico uno de los educadores despedidos en 2010.
El público se verá afectado de distintas formas en función de cada centro, aunque los educadores apuntan a que se eliminarán los programas de peso para dejar una atención “de escaparate”. Así, en el centro de Polvoranca en Leganés, el despido de cuatro de los diez empleados ha conllevado la supresión de programas destinados a familias para la gestión del agua, energía, movilidad, consumo y salud. “Con esto estamos volviendo a la educación ambiental que se hacía hace 20 años”, se lamenta uno de los educadores despedidos.
Durante 2011, la Comunidad forzó a las empresas adjudicatarias a realizar una reducción del presupuesto del 50% en los cinco centros que estaban en prórroga de sus contratos. Las cuatro empresas que gestionan los centros optaron por distintas salidas, desde las reducciones de horas hasta los despidos. De las 110 personas que comenzaron 2011 trabajando en estos centros, 14 han sido despedidas.